Cada minuto, organizaciones públicas, empresas, universidades y ciudadanos mexicanos enfrentan miles de intentos de ciberataques. El ransomware, el robo de identidad, el fraude financiero, la extorsión digital y la filtración de información se han convertido en amenazas cotidianas que ya no conocen fronteras.
Paradójicamente, mientras la ciberdelincuencia opera de forma global, la capacidad de los países para investigarla y combatirla sigue dependiendo, en gran medida, de mecanismos de cooperación internacional. En este contexto surge una pregunta inevitable: ¿por qué México aún no forma parte del Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia?
¿Qué es el Convenio de Budapest?
El Convenio sobre la Ciberdelincuencia, conocido como Convenio de Budapest, es el primer tratado internacional diseñado para combatir los delitos informáticos mediante la armonización de legislaciones nacionales, el fortalecimiento de las capacidades de investigación y el establecimiento de mecanismos ágiles de cooperación entre países.
Actualmente, es considerado el principal instrumento jurídico internacional en materia de ciberdelincuencia y evidencia electrónica. Más de 80 países forman parte de este acuerdo, incluyendo la mayoría de las principales economías digitales y un número creciente de países de América Latina.
México: un actor relevante, pero aún fuera del Convenio
Aunque México ha sido formalmente invitado a adherirse, hasta la fecha no ha concluido el proceso para convertirse en Estado Parte.
Esta situación no significa que el país carezca de herramientas para investigar delitos informáticos, pero sí implica que no puede aprovechar plenamente algunos de los mecanismos de cooperación más eficaces disponibles a nivel internacional.
¿Qué beneficios está dejando pasar México?
Cooperación internacional más rápida
Los delitos digitales rara vez ocurren dentro de un solo país. Un ataque puede originarse en un continente, utilizar servidores en otro y afectar víctimas en México.
El Convenio facilita procedimientos más ágiles para:
- Preservar evidencia digital.
- Solicitar información de manera expedita.
- Coordinar investigaciones internacionales.
- Compartir inteligencia entre autoridades.
En investigaciones donde cada minuto cuenta, reducir tiempos puede marcar la diferencia entre identificar a un responsable o perder la evidencia para siempre.
Acceso a mejores mecanismos para obtener evidencia electrónica
El crecimiento de los servicios en la nube ha cambiado completamente la investigación criminal.
El Segundo Protocolo del Convenio incorpora mecanismos que permiten mejorar la cooperación para obtener evidencia digital almacenada en servicios internacionales, respetando las garantías jurídicas y los derechos fundamentales.
Participación en una red internacional especializada
Los Estados Parte integran una red permanente de cooperación que comparte experiencias, desarrolla buenas prácticas y fortalece las capacidades nacionales para enfrentar nuevas modalidades de ciberdelincuencia.
Además, participan en el desarrollo de nuevas herramientas jurídicas y técnicas que responden a la rápida evolución del entorno digital.
Fortalecimiento institucional
La adhesión también facilita el acceso a programas internacionales de capacitación, asistencia técnica y desarrollo de capacidades para fiscales, policías, peritos y autoridades encargadas de investigar delitos informáticos.
¿Por qué esto importa para México?
Durante los últimos meses hemos observado un incremento en los reportes de incidentes que afectan a instituciones públicas, universidades, empresas privadas y organismos gubernamentales.
Las filtraciones de información, el ransomware, el robo de credenciales y la comercialización de bases de datos demuestran que los grupos criminales operan de manera organizada y transnacional.
Combatir este tipo de amenazas requiere algo más que herramientas tecnológicas.
Se necesita cooperación internacional.
Se necesita armonización legal.
Se necesita intercambio de información.
Y se necesita actuar con la misma velocidad con la que actúan los ciberdelincuentes.
¿Adherirse resolvería el problema?
No.
La adhesión al Convenio de Budapest no eliminará por sí sola la ciberdelincuencia.
Sin embargo, sí fortalecería significativamente la capacidad del Estado mexicano para colaborar con otros países, preservar evidencia electrónica, agilizar investigaciones y modernizar su marco jurídico frente a amenazas que evolucionan constantemente.
Al mismo tiempo, enviaría una señal clara sobre el compromiso de México con la seguridad digital, la protección de los derechos de las personas en el entorno digital y la cooperación internacional.
El reto pendiente
México ha avanzado en materia de transformación digital, inteligencia artificial y modernización tecnológica. Sin embargo, estos avances deben ir acompañados de un marco sólido de gobernanza y cooperación internacional.
En un mundo donde los datos cruzan fronteras en segundos y los ataques cibernéticos pueden afectar simultáneamente a miles de organizaciones, permanecer al margen de los principales mecanismos internacionales representa una oportunidad que vale la pena analizar.
La discusión ya no debería centrarse en si la ciberdelincuencia llegará a México. Esa realidad ya está presente.
La verdadera pregunta es:
¿Cuenta México con todas las herramientas internacionales necesarias para enfrentar eficazmente las amenazas del siglo XXI?
Sobre el autor
Daniel Santin es ingeniero en sistemas, especialista en ciberseguridad, gobernanza tecnológica y transformación digital. Cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando a instituciones públicas, empresas y universidades en el diseño e implementación de estrategias de ciberseguridad, gestión del riesgo, inteligencia artificial y gobierno digital.